Solicitamos que el Ayuntamiento analice su política de igualdad y género

A pesar de que el principio de igualdad de mujeres y hombres, así como la expresa prohibición de cualquier tipo de discriminación por razón de sexo, está recogido en normas jurídicas de distinto ámbito territorial, las desigualdades existentes en el mercado laboral, en la participación sociopolítica, en la pobreza, en el trabajo doméstico y de cuidados o en la persistencia de la violencia contra las mujeres, nos muestran cómo esta igualdad legal no tiene su reflejo en una igualdad real, evidenciando la necesidad de ir desarrollando diferentes estrategias para crear las condiciones necesarias para que la igualdad sea efectiva.

Las estrategias consideradas en la actualidad como las más adecuadas a tal fin son las acciones positivas y la integración de la perspectiva de género, definidas en la Ley 4/2005 como la “consideración sistemática de las diferentes situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres, incorporando objetivos y actuaciones específicas dirigidas a eliminar las desigualdades y promover la igualdad en todas las políticas y acciones, a todos los niveles y en todas sus fases de planificación, ejecución y evaluación”.

Para poner en práctica la estrategia de la incorporación sistemática de la perspectiva de género (mainstreaming de género) se han ido desarrollando diversas herramientas, una de las cuales es la evaluación de impacto en función del género. Basada en la constatación de que ninguna política es neutra, por lo que las decisiones políticas que se toman desde cualquier administración afectan de forma distinta, directa e indirectamente, a hombres y mujeres, esta evaluación plantea la necesidad de que sepamos anticipar los efectos que tendrán las políticas que queremos poner en marcha para que las medidas que se decidan neutralicen los efectos discriminatorios y fomenten la igualdad, definiéndose como un método que facilita vigilar el impacto que una propuesta política tendrá sobre las relaciones de género.

En 1997 la Comisión Europea destacó la evaluación del impacto en función del género como una de las medidas fundamentales para integrar la perspectiva de género en los distintos ámbitos de intervención. En el ámbito estatal, fue en 2003 cuando se regularon los informes de impacto en función del género para todas las leyes y reglamentos. Posteriormente, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres amplió este mandato también para los planes de especial relevancia económica, social, cultural y artística y las convocatorias de pruebas selectivas para el acceso al empleo público.

En su artículo 15 interpela a su cumplimiento por parte de todas las Administraciones públicas, las cuales deberán integrar la transversalidad del principio de igualdad entre hombres y mujeres, de forma activa, “en la adopción y ejecución de sus disposiciones normativas, en la definición y la presupuestación de políticas públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo del conjunto de todas sus actividades”.

Este paso legal ya se ha dado a nivel autonómico desde que el Pleno del Parlamento de nuestra Comunidad aprobó el 10 de marzo de 2005 la siguiente Resolución: “Que el Gobierno de La Rioja incorpore la valoración del impacto de género en todas las disposiciones normativas que elabore”.

En el Ayuntamiento es algo que no podemos seguir posponiendo, donde, si lo que perseguimos es la eficacia y validez de la acción política, es fundamental constatar que los resultados a obtener sean útiles para mejorar la vida de las personas y que, cuando las personas destinatarias no están en igualdad real de oportunidades, dicha acción jamás tendrá efectos positivos si las desigualdades existentes no se tienen en cuenta en el diseño de las medidas.

Por todo lo anterior, se eleva al Pleno de este Ayuntamiento para su debate y aprobación la siguiente moción al respecto:

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