El servicio de ayuda a domicilio de Logroño: el colmo de la privatización

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Este pasado mes de abril el Ayuntamiento comenzó la contratación del servicio para la prestación del servicio de comidas a domicilio para colectivos vulnerables que, se supone, comenzará a prestarse a partir de agosto con un precio de licitación de 1,67 millones. Y para su inspección, necesidad más que evidente tras los problemas habidos con Serunión, ha aprobado el pliego de condiciones para la contratación de un servicio externo de inspección.

La función de esta inspección externa será :

  • La revisión e interpretación de documentos para evaluar el sistema de autocontrol de la empresa.
  • La evaluación de las medidas tomadas por la empresa ante las potenciales incidencias.
  • Las inspecciones in situ, y sin previo aviso.
  • La toma de muestras y análisis microbiológicos y de parámetros de calidad (nutricionales, sensoriales…)
  • Controles que se llevarán a cabo en cualquiera de las fases de la producción, la transformación y la distribución de los alimentos, y que suponen una calendarización concreta de sus visitas a la cocina central, al almacén frigorífico, a la ruta del reparto, visitas a domicilio… tomando muestras.

Ante esta descripción de las necesidades de inspección nos debemos preguntar si la concejala Paloma Corres ya efectuaba estas inspecciones y en caso negativo preguntarse porqué, ya que de haberse realizado no hubieran tenido que ser los usuarios los que vinieron al despacho de Cambia Logroño a plantear sus quejas.

Además, el calendario de visitas nos parece absolutamente insuficiente, es decir, la planificación anual para realizar las visitas de inspección, control y toma de muestras, se reduce a 2 visitas a cocina central, 4 visitas al almacén frigorífico, 4 a la ruta del reparto y 2 visitas a domicilio al mes, 10 visitas anuales a los sistemas de servicio y sólo 2 al mes directamente a ver el producto en casa de los usuarios. Todo esto por un coste de 21.780 euros para el año que viene y lo que queda de este. ¿No podrían hacer estas inspecciones directamente los funcionarios públicos al hablar de tan pocas visitas?

Dado el servicio total podemos afirmar que este sistema de inspección es absolutamente insuficiente pero además, al ser un servicio externalizado en una empresa privada ¿Qué nos asegura que se cumple el principio de objetividad y la imparcialidad necesaria para la inspección? ¿No es el Estatuto funcionarial el que garantiza la cualificación y la imparcialidad del personal inspector?  Encomendarlo a una empresa privada la inspección de otra empresa privada ¿no estamos poniendo al zorro a cuidar de las gallinas?

Por último y totalmente significativo es ver como en el pliego se detalla todos los controles que el Ayuntamiento habrá de realizar para controlar a la empresa inspectora (extraño trabalenguas) para asegurar el cumplimiento de las medidas técnicas y organizativas establecidas por la Ley. Es decir, la inspección por parte de los funcionarios del Ayuntamiento, aunque ahora sobre una empresa, seguirá siendo igual de necesaria pero ahora sobre dos empresas. Entonces, por qué no simplificamos el proceso? O, en este caso concreto, analizando el precio y el calendario de visitas, ¿para quién es el beneficio?

 

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