Defenderemos el derecho a la vivienda frente a los intereses de los que se beneficiaron de la burbuja

Ante las acusaciones de “populismo” e “ignorancia” por parte de la CPAR contra nuestro grupo municipal, desde Cambia Logroño nos queremos ratificar en nuestra intención de defender a la mayoría social “popular” frente a una minoría privilegiada, que una vez se hubo enriquecido durante la burbuja inmobiliaria, posteriormente fue rescatada con dinero público, mediante la compra de sus activos tóxicos por la SAREB.

A su vez, consideramos que la patronal constructora no ha entendido que de lo que se está hablando en esta moción es de romper con el paradigma de la compra y venta de vivienda protegida para modificarla por la de alquiler o cesión de uso. La CPAR lo que hace es volver a incidir en la existencia de normas que solo valoran las VPO para la compra-venta en el mercado liberalizado.

Nuestra propuesta no va encaminada a que las administraciones se conviertan en meros promotores inmobiliarios, sino a que se doten de un stock de vivienda pública que se ceda para su uso a precio asequible en función de la renta. Esto nunca será aceptado por los promotores de vivienda, puesto que su única función es la de enriquecerse con un bien de primera necesidad que ha sido convertido en un objeto de lujo.

Su nota de prensa solo responde al nerviosismo que a ciertos sectores elitistas de la economía riojana produce que existan fuerzas políticas que trabajen por terminar con una crisis habitacional que tan buenos réditos económicos les reporta.

Además, nuestras medidas, puesto que nos encontramos en el municipio de Logroño, van referidas al núcleo urbano consolidado, ya que no se pueden abrir nuevos sectores a la especulación inmobiliaria cuando existen 17.000 viviendas vacías, muchas en manos de esta llamada patronal de constructores o de la SAREB. Igualmente en esta línea, el 5 % de las viviendas nuevas de Logroño sigue sin venderse.

Por último, recordar nuestra decidida apuesta por poner coto a los apartamentos turísticos y a la gentrificación que estos conllevan, como quedó demostrado en nuestra enmienda a las ordenanzas fiscales, donde solicitábamos un recargo del 50% en el IBI de los inmuebles destinados a esta actividad, algo que la CPAR debe “ignorar”.

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